Contenido jurídico específico por país
Redactado con conocimiento jurídico para cada jurisdicción, mucho más completo que los borradores generados por IA, que copian cláusulas genéricas entre países.
Una política de privacidad redactada conforme al derecho chileno para sitios web, e-commerce, aplicaciones móviles y plataformas SaaS. Cumple con la Ley 19.628 vigente y se adelanta a la entrada en plena vigencia de la Ley 21.719 en diciembre de 2026. Identifique al responsable, declare las finalidades del tratamiento, informe los derechos ARCOPOL y descargue un PDF profesional listo para publicación.
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Una política de privacidad es el documento informativo mediante el cual el responsable de un sitio web o aplicación comunica al titular de los datos personales —el usuario— qué información recopila, con qué finalidades, sobre qué base de licitud, durante cuánto tiempo, a quién la comunica y cómo puede ejercer sus derechos. En Chile constituye un instrumento exigido por la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y reforzado por la nueva Ley 21.719, publicada el 13 de diciembre de 2024 y con plena vigencia desde diciembre de 2026, que sustituye sustantivamente al régimen actual.
Toda persona natural o jurídica que opere un sitio web desde Chile, ofrezca productos o servicios a personas en territorio chileno o trate datos de chilenos —aun desde el extranjero— queda sujeta al deber de informar y solicitar el consentimiento del titular cuando corresponda. La Constitución Política de Chile reconoce el derecho a la vida privada en su Art. 19 Nº 4 y, tras la modificación constitucional introducida por la Ley 21.096 de 2018, también el derecho a la protección de los datos personales de manera autónoma. La política de privacidad operativa es la herramienta principal para hacer efectivos esos derechos en el entorno digital chileno.
El nuevo marco que crea la Ley 21.719 incorpora a Chile a los estándares OCDE: principios de licitud, finalidad, proporcionalidad, calidad, seguridad, transparencia y responsabilidad proactiva (accountability); reconoce los derechos ARCOPOL (acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y oposición a decisiones automatizadas); crea la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP) como autoridad de control; impone la figura del delegado de protección de datos en determinados casos; y establece multas que pueden alcanzar las 20.000 UTM por infracciones gravísimas. Una política de privacidad bien redactada en Chile es la primera línea de cumplimiento de toda esa arquitectura regulatoria.
La política de privacidad de Doxuno reúne todas las cláusulas exigidas por la Ley 19.628 chilena y se adelanta a las obligaciones reforzadas de la Ley 21.719 que entrará en plena vigencia en diciembre de 2026.
Razón social, RUT, domicilio en Chile y delegado de protección de datos
Categorías de datos personales, identificadores y datos sensibles
Cada finalidad declarada con su base de licitud (Art. 12 Ley 21.719)
Consentimiento, contrato, ley, interés legítimo o función pública
Tiempo de retención por finalidad y criterios de supresión
Acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y decisiones automatizadas
Tipos de cookies, finalidades y mecanismo de consentimiento previo
Países adecuados, garantías adicionales y consentimiento expreso
Cifrado, control de acceso y notificación de brechas a la APDP
Consentimiento del representante legal y resguardos especiales
Información sobre la Agencia de Protección de Datos Personales chilena
Procedimiento de actualización y publicación en el sitio
No se requieren conocimientos técnicos ni jurídicos previos. El generador de Doxuno lo guía sección por sección hasta obtener un PDF profesional, válido en todo el territorio de Chile.
Indique la razón social, RUT, giro, domicilio en Chile, correo electrónico y, si su empresa lo exige (entidades financieras, salud, educación o tratamientos masivos), el contacto del delegado de protección de datos. La Ley 21.719 hace obligatoria esta figura cuando el tratamiento sea a gran escala o involucre datos sensibles.
Enumere las categorías de datos personales que recopila a través del sitio web (nombre, RUT, correo, teléfono, dirección IP, cookies analíticas, datos de pago) y describa las finalidades del tratamiento (registro de usuarios, atención al cliente, facturación, marketing, analítica, cumplimiento tributario ante el Servicio de Impuestos Internos). El principio de minimización del Art. 7 de la Ley 21.719 exige recopilar solo lo necesario.
Para cada finalidad indique la base de licitud aplicable conforme al Art. 12 de la Ley 21.719: consentimiento del titular, ejecución de un contrato, cumplimiento de una obligación legal en Chile, interés legítimo del responsable o función pública. El consentimiento debe ser libre, específico, informado e inequívoco — y tratándose de datos sensibles o de menores se exige consentimiento expreso.
Describa las cookies que utiliza el sitio (técnicas, analíticas, publicitarias) y el mecanismo de consentimiento previo. Si transfiere datos a Estados Unidos, Unión Europea u otros países, indique si existe declaración de adecuación de la APDP chilena o si se utilizan garantías adicionales como cláusulas contractuales tipo o normas corporativas vinculantes (Art. 27 Ley 21.719).
Detalle los canales de contacto para que el titular ejerza sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y oposición a decisiones automatizadas (ARCOPOL). Mencione expresamente la posibilidad de reclamar ante la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP) chilena. Su política se generará como PDF profesional, lista para publicar en el footer del sitio.
Cuatro elementos que hacen nuestras plantillas más completas que los borradores generados por IA y más actuales que las bibliotecas estáticas.
Redactado con conocimiento jurídico para cada jurisdicción, mucho más completo que los borradores generados por IA, que copian cláusulas genéricas entre países.
Las plantillas con referencias legales se actualizan continuamente cuando cambia la ley. Su documento refleja siempre el marco normativo vigente.
Descarga gratuita. Texto vectorial, fuentes incrustadas y citas legales integradas en las cláusulas. Imprimir, firmar y archivar. Apto para cualquier flujo de firma, incluida la firma electrónica.
Siga editando en Word tras la descarga. Añada cláusulas a medida, reutilice la plantilla para acuerdos similares o compártala con un compañero para revisión colaborativa.
Requiere desbloqueo Expert único o cualquier suscripción Doxuno de pago.
Cada plantilla se redacta de forma nativa para su país, se apoya en la normativa que realmente le aplica y se mantiene al día con cada cambio en la ley; nunca un formulario genérico pasado por un traductor.
Este modelo está diseñado para ser válido en todo el territorio de Chile. Antes de publicarlo conviene revisar algunos puntos jurídicos relevantes, especialmente si trata datos sensibles, datos de menores o realiza transferencias internacionales.
Este modelo se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento jurídico. Para tratamientos a gran escala, datos sensibles, evaluaciones de impacto o dudas sobre la legislación chilena aplicable a su caso, consulte con un abogado habilitado en Chile especializado en protección de datos.
Revisado por profesionales del derecho. El contenido de esta página y las cláusulas del modelo han sido revisados conforme a la Ley 19.628, la Ley 21.719, la Constitución Política de Chile y los estándares OCDE de protección de datos.
Chile vive una transición regulatoria sin precedentes en materia de datos personales. La Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, vigente desde 1999, sigue siendo aplicable hasta diciembre de 2026 y mantiene los principios de finalidad, consentimiento, calidad y derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición). La nueva Ley 21.719, publicada el 13 de diciembre de 2024, sustituye a la 19.628 en términos sustantivos a partir de diciembre de 2026 e incorpora a Chile a los estándares OCDE: principios de licitud, proporcionalidad y responsabilidad proactiva; derechos ARCOPOL ampliados con portabilidad y oposición a decisiones automatizadas; figura del delegado de protección de datos; evaluaciones de impacto obligatorias en tratamientos de alto riesgo; y una autoridad de control independiente. Una política de privacidad chilena vigente debe redactarse considerando ambos regímenes durante el período de transición.
La Ley 21.719 crea la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP), un servicio público descentralizado que será la autoridad de control en Chile. La APDP tendrá facultades fiscalizadoras, sancionatorias y de regulación: podrá iniciar procedimientos de oficio o por denuncia del titular, dictar instrucciones de carácter general, autorizar transferencias internacionales y certificar cláusulas contractuales tipo. Las multas pueden alcanzar las 20.000 UTM por infracciones gravísimas (aproximadamente CLP 1.350 millones a valores de 2026) y hasta 10.000 UTM por infracciones graves. La APDP también es el órgano ante el cual el titular puede reclamar cuando el responsable no responda a una solicitud ARCOPOL en el plazo legal.
La Ley 21.719 chilena define como datos sensibles aquellos que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o íntima, tales como origen racial o étnico, afiliación política, convicciones religiosas o filosóficas, pertenencia sindical, datos de salud, datos biométricos, vida sexual u orientación sexual. Su tratamiento requiere consentimiento expreso del titular o concurrencia de una causal específica de licitud. El tratamiento de datos de menores de 14 años requiere consentimiento del representante legal y un mayor estándar de transparencia, información en lenguaje claro y resguardos técnicos. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile, refuerza esta protección.
El uso de cookies y tecnologías similares de seguimiento en sitios web chilenos requiere consentimiento previo, salvo las cookies estrictamente técnicas necesarias para la prestación del servicio. La transferencia internacional de datos personales fuera de Chile —por ejemplo, a servidores en Estados Unidos o la Unión Europea— se rige por el Art. 27 de la Ley 21.719 y exige que el país de destino haya sido declarado adecuado por la APDP, o que se adopten garantías adicionales como cláusulas contractuales tipo, normas corporativas vinculantes o el consentimiento expreso del titular tras información detallada. El responsable chileno debe además adoptar medidas de seguridad razonables (cifrado, control de acceso, registro de actividades) y notificar a la APDP las brechas de seguridad en plazos breves.
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