Contenido jurídico específico por país
Redactado con conocimiento jurídico para cada jurisdicción, mucho más completo que los borradores generados por IA, que copian cláusulas genéricas entre países.
Términos y condiciones de uso redactados conforme al derecho chileno para sitios web informativos, plataformas SaaS y comercios electrónicos. Cumplen el Código Civil, la Ley 19.496 sobre Protección al Consumidor y la normativa de datos personales. Identifique al titular del sitio, defina el objeto, regule las compras electrónicas y descargue un PDF profesional listo para publicación.
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Los términos y condiciones —también llamados condiciones generales de uso, contrato de adhesión o avisos legales— son el contrato marco que rige la relación jurídica entre el titular de un sitio web o aplicación y los usuarios que acceden, navegan, se registran o realizan transacciones a través de él. En Chile constituyen el instrumento mediante el cual el titular del sitio organiza derechos y obligaciones, delimita responsabilidades, fija reglas de uso y, cuando se trata de comercio electrónico, materializa el contrato de compraventa o prestación de servicios entre proveedor y consumidor.
Su fuerza obligatoria deriva del Art. 1545 del Código Civil de Chile, conforme al cual todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o causas legales. Cuando el sitio se dirige a consumidores, los términos y condiciones quedan además sujetos a la Ley 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (LPC) — que el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) fiscaliza— y, particularmente, al Art. 12-A introducido por la Ley 19.955, que regula los contratos electrónicos.
En Chile, el comercio electrónico convive con un robusto entramado normativo: el Art. 3 bis de la Ley 19.496 reconoce el derecho a retracto del consumidor en compras realizadas por medios electrónicos dentro de un plazo de 10 días corridos; el Art. 16 prohíbe las cláusulas abusivas; el Art. 17-B regula la publicidad engañosa; la Ley 19.799 reconoce la firma electrónica simple y avanzada; la Ley 17.336 protege los derechos de autor sobre los contenidos del sitio; y la Ley 19.039 protege las marcas y secretos empresariales. Unos buenos términos y condiciones chilenos integran armónicamente todo este marco legal.
El modelo de términos y condiciones de Doxuno reúne todas las cláusulas exigidas por el derecho chileno para sitios web informativos, SaaS y e-commerce, e integra la normativa LPC, propiedad intelectual y datos personales.
Razón social, RUT, domicilio en Chile, giro y datos de contacto
Consentimiento del usuario conforme al Art. 12-A Ley 19.496
Servicios ofrecidos, restricciones de uso y disponibilidad
Creación, custodia de credenciales, suspensión y baja
Información previa, confirmación y entrega (Art. 12-A LPC)
Plazo de 10 días corridos en compras electrónicas (Art. 3 bis LPC)
Tributación, moneda chilena (CLP) y medios de pago aceptados
Ley 17.336 derechos de autor y Ley 19.039 marcas
Caso fortuito, fuerza mayor y nulidad de cláusulas abusivas (Art. 16 LPC)
Remisión a la política de privacidad y Ley 19.628 / 21.719
Procedimiento de actualización y aviso previo al usuario
Tribunales chilenos competentes y Juzgados de Policía Local
No se requieren conocimientos jurídicos previos. El generador de Doxuno lo guía paso a paso para construir unos términos y condiciones válidos en todo Chile.
Indique la razón social completa o el nombre de la persona natural que opera el sitio web, el RUT, el domicilio en Chile, el giro de actividad económica registrado en el SII y los datos de contacto. Para personas naturales con inicio de actividades, utilice el RUT personal con guion. Si el sitio está a cargo de una EIRL, SpA o sociedad limitada chilena, consigne también la representación legal.
Describa con precisión qué ofrece el sitio: contenidos informativos, plataforma SaaS, marketplace, e-commerce de productos físicos o digitales, servicios profesionales o financieros. Si su sitio recibe pagos de consumidores en Chile, debe activar todas las cláusulas LPC. Si actúa como intermediario entre vendedores y compradores, declare expresamente esa condición para deslindar responsabilidades en lo que la jurisprudencia chilena permite.
Si el sitio admite registro de usuarios, regule los requisitos para crear cuenta, la custodia de credenciales y los supuestos de suspensión. Para e-commerce, indique la moneda (CLP), si los precios incluyen o no IVA del 19% conforme al DL 825, los medios de pago aceptados (Webpay, Mercado Pago, transferencia bancaria, tarjetas) y los plazos de entrega. La información clara y previa al consumidor chileno es exigida por el Art. 32 de la Ley 19.496.
Para operaciones B2C en Chile, incluya el derecho a retracto del Art. 3 bis (10 días corridos en compras electrónicas), el procedimiento de garantía legal del Art. 21 (cambio, reparación o devolución del precio), la prohibición de cláusulas abusivas del Art. 16 y la responsabilidad por publicidad. Declare expresamente los derechos de autor sobre el contenido del sitio (Ley 17.336), las marcas registradas (Ley 19.039) y las prohibiciones de uso no autorizado.
Declare que los términos se rigen por la legislación chilena. Para conflictos con consumidores, recuerde que los Juzgados de Policía Local son competentes para infracciones LPC y que el SERNAC puede mediar. Para conflictos B2B, fije los tribunales civiles de su domicilio o pacte arbitraje ante el CAM Santiago. Su modelo se generará como PDF profesional, listo para publicar en el footer del sitio.
Cuatro elementos que hacen nuestras plantillas más completas que los borradores generados por IA y más actuales que las bibliotecas estáticas.
Redactado con conocimiento jurídico para cada jurisdicción, mucho más completo que los borradores generados por IA, que copian cláusulas genéricas entre países.
Las plantillas con referencias legales se actualizan continuamente cuando cambia la ley. Su documento refleja siempre el marco normativo vigente.
Descarga gratuita. Texto vectorial, fuentes incrustadas y citas legales integradas en las cláusulas. Imprimir, firmar y archivar. Apto para cualquier flujo de firma, incluida la firma electrónica.
Siga editando en Word tras la descarga. Añada cláusulas a medida, reutilice la plantilla para acuerdos similares o compártala con un compañero para revisión colaborativa.
Requiere desbloqueo Expert único o cualquier suscripción Doxuno de pago.
Cada plantilla se redacta de forma nativa para su país, se apoya en la normativa que realmente le aplica y se mantiene al día con cada cambio en la ley; nunca un formulario genérico pasado por un traductor.
Este modelo está diseñado para ser válido en todo el territorio de Chile. Antes de publicarlo conviene revisar los aspectos LPC, propiedad intelectual y datos personales que se aplican según la naturaleza de su sitio.
Este modelo se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento jurídico. Para plataformas reguladas por sectores específicos (banca, fintech, salud, transporte), operaciones de alto volumen o dudas sobre la legislación chilena aplicable, consulte con un abogado habilitado en Chile.
Revisado por profesionales del derecho. El contenido de esta página y las cláusulas del modelo han sido revisados conforme al Código Civil, la Ley 19.496 (LPC), las Leyes 19.628 y 21.719 (datos personales), la Ley 17.336 (propiedad intelectual), la Ley 19.039 (marcas) y la Ley 19.799 (firma electrónica) de Chile.
La Ley 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (LPC) es el marco protector del consumidor chileno y se aplica a toda venta o prestación de servicios entre proveedor y consumidor final. El Art. 12-A regula los contratos celebrados por medios electrónicos: exige información previa clara y completa sobre el producto, el precio total, los impuestos, los gastos de envío y los medios de pago; obliga a entregar confirmación inmediata del pedido; y reconoce la formación del consentimiento al momento de aceptar los términos. El Art. 3 bis consagra el derecho a retracto del consumidor dentro de los 10 días corridos siguientes a la entrega o celebración, en compras electrónicas a distancia, salvo excepciones específicas (productos digitales descargables, hechos a medida, perecibles). El Art. 16 declara nulas las cláusulas abusivas — desequilibrio importante de derechos contrario a la buena fe—, sancionado por el SERNAC y los Juzgados de Policía Local.
Los contenidos de un sitio web chileno —textos, imágenes, código, diseño, bases de datos— están protegidos por la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual, que reconoce derechos de autor automáticos al creador desde el momento de la fijación. Las marcas, logotipos, nombres comerciales y dominios están protegidos por la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, administrada por el INAPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial). Los términos y condiciones deben declarar expresamente la titularidad sobre estos elementos, prohibir la reproducción, distribución, modificación o uso comercial no autorizado y advertir sobre las acciones civiles y penales aplicables. Para los user-generated content (comentarios, reseñas, fotos subidas por usuarios), el sitio chileno típicamente solicita una licencia no exclusiva y deslinda responsabilidad por contenidos de terceros.
Los términos y condiciones de un sitio web chileno deben coordinarse con la política de privacidad. La Ley 19.628 y, desde diciembre de 2026, la Ley 21.719 regulan el tratamiento de datos personales y exigen información clara al titular sobre finalidades, bases de licitud, plazos de conservación y derechos ARCOPOL (acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y oposición a decisiones automatizadas). Los términos remiten a la política de privacidad pero también pueden incorporar cláusulas específicas sobre cookies, comunicaciones comerciales (que requieren consentimiento previo expreso conforme al Art. 28-B de la Ley 19.496) y autorizaciones para el envío de newsletters. La Agencia de Protección de Datos Personales (APDP) chilena fiscalizará el cumplimiento desde su entrada en operación.
En Chile, las controversias derivadas de un sitio web se resuelven ante distintos foros según su naturaleza. Las infracciones LPC en B2C son competencia de los Juzgados de Policía Local del domicilio del consumidor (Art. 50 A LPC), donde el SERNAC actúa como mediador o querellante. Las acciones civiles indemnizatorias por incumplimiento de los términos se sustancian ante los tribunales civiles ordinarios del domicilio del demandado (Arts. 134 ss. del Código Orgánico de Tribunales). En contratos B2B, los términos pueden pactar arbitraje ante el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago. Las controversias sobre datos personales, una vez en operación la APDP, se canalizan ante esa Agencia, sin perjuicio del recurso de protección constitucional ante las Cortes de Apelaciones chilenas.
Complete los datos de su sitio en pocos minutos y obtenga unos términos y condiciones profesionales, válidos conforme al derecho chileno. Gratuito, sin necesidad de crear cuenta para la versión básica.
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